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“QUERER…. NO ES PODER”, La nueva normativa como motor de cambio en las AAPP.

Por Virginia Moreno Bonilla. Directora General de Nuevas Tecnologías e Innovación, Atención al Ciudadano, Organización y Archivo Municipal del Ayuntamiento de Leganés.

Como todos sabemos la leyes 39/2015 y 40/2015 se aprueban a primeros de Octubre de 2015, y desde entonces, incluso siendo anteproyecto, venimos hablando y me atrevo, a decir, cuestionando si su texto es correcto o no, si están bien o están mal, si es una normativa demasiado genérica, si debería recoger casuísticas que no resuelve, etc. …..

Pero estoy convencida que, en el momento en el que nos encontramos, éste no debe ser el objetivo. Más bien debemos intentar hacer un análisis profundo desde la gestión práctica diaria de nuestras instituciones, de cuál es el impacto real, en eso que ahora llamamos, transformación digital.

Posiblemente la Administración Electrónica (que no debemos de olvidar), es el núcleo y la razón de ser de la transformación digital,  y desde luego, el origen de esta nueva ley de procedimiento administrativo común.   Y con esta ley, se propone una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones, articulada en dos ejes fundamentales complementarios:

  1. el referido a las relaciones externas de la Administración con ciudadanos y empresas, del que se ocupa la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
  2. el referido a la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las distintas Administraciones, en el que se centra la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Como consecuencia, 2 nuevas leyes:

  • Ley del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas
  • Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

 

No debemos olvidar que tienen que complementarse con todo lo previsto en la normativa presupuestaria respecto de las actuaciones de las Administraciones Públicas, destacando especialmente lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la Ley de presupuestos generales del Estado.   

Integra Ley 30/1992, de 26 de noviembre y Ley 11/2007, de 22 de junio, y profundiza en la agilización de los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico con cero papel.

Si hacemos un análisis del texto de la ley, y hacemos el esfuerzo de traducirlo a nuestro lenguaje de gestión, tenemos que destacar los siguientes términos o conceptos, de forma aleatoria:

  1. Normativa
  2. Organización
  3. Tecnología
  4. Obligatoriedad
  5. Plazos
  6. Expediente Electrónico
  7. Empleados públicos
  8. Gobierno
  9. Ciudadanos
  10. Empresas
  11. Capacitación
  12. Eliminación del Papel
  13. Simplificación administrativa
  14. Certificado electrónico
  15. Firma electrónica
  16. Archivo Electrónico único

Conceptos, que si los mezclamos nos llevan a conseguir los términos de moda, que definen lo que podemos llamar nuestros nuevos modelos digitales:

  • TRANSPARENCIA Y OPEN DATA
  • COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA
  • TRANSFORMACIÓN DIGITAL
  • CIUDADES INTELIGENTES
  • Y PERSONAS

 

Tras preguntar a distintos responsables públicos si en estos momentos nuestras instituciones cumplen con la ley 39 y 40, aun sabiendo que todavía no es obligatorio su cumplimiento, en un 99%, la respuesta es no. Y si abrimos las perspectivas y preguntamos si estamos preparados para cumplirlas en plazo, de nuevo, aunque con un margen mayor de estamos haciendo todo lo posible, la respuesta también es no.

Y curiosamente la respuesta del 100% de los encuestados es que es un problema organizativo y en ningún caso tecnológico.

La ley nos habla de trámite electrónico y como excepción el trámite en papel, aunque realmente no está tan claro que el procedimiento es electrónico y que la administración es electrónica, como que el funcionario es público.

En el Título I, Capitulo II, se incluye una de las novedades más importantes de la ley. Se establece, un conjunto mínimo de categorías de medios de identificación y firma, a utilizar por todas las Administraciones y determina que sistemas de firma se admitirán.  Y digo, que es una novedad importante porque la ley por primera vez diferencia entre autentificación y firma, y esto sin duda es una nueva palanca de cambio ante el cuello de botella que nos venía originando el uso del certificado electrónico en el despliegue de la administración electrónica.

Pero, parece que siempre hablamos del freno que ha supuesto la identificación digital y el uso del certificado electrónico para el despliegue de la administración electrónica y sin embargo no nos atrevemos a mencionar que uno de los frenos principales que hemos tenido los Ayuntamientos han sido los habilitados nacionales y concretamente los secretarios. Realmente esta normativa ayuda mucho a que se produzca este cambio cultural que tanto esperábamos.

Otra de las piezas claves en todo este proceso son las empresas TIC. Y hay que destacar sus iniciativas en este proceso conjunto de transformación digital y sin duda, el esfuerzo que están realizando para que a través de la colaboración público-privada, podamos llevar a cabo la transformación digital en nuestros ayuntamientos o cualquier otra institución de la administración pública.  

Otro modelo de gestión es el de Ciudad Inteligente, y llama la atención, que muchos de los Ayuntamientos referentes en Smart City, no cumplen la nueva normativa, y si apuramos un poco, tampoco la anterior.

Existe un objetivo claro, que es conseguir un modelo único común para todos los ayuntamientos, con el que se consiga un verdadero despliegue de administración electrónica, reducción y simplificación de cargas administrativas…. y sin embargo y a pesar de los intentos por parte de la AGE potenciando el uso de plataformas comunes, no se da esa transformación digital integral que tanto necesitamos.

Además del liderazgo político o/y técnico, hay un factor fundamental para la puesta en marcha de la ley de procedimiento administrativo común, que se ha convertido en un clásico y que yo a veces pienso que en lugar de un problema realmente es una excusa, que es la falta de recursos. Parece que cuando había recursos, no había normativa y ahora que tenemos un marco normativo adecuado, evoluciona tan deprisa que ante la falta de medios no da tiempo a adaptarse.

Otro de los objetivos de la Ley es la simplificación administrativa. La compulsa electrónica equivale al original. Parece que por fin, hay un Único objetivo: eliminar el papel.

Hay un capitulo para el Registro General de E/Salida, otro para Archivo Electrónico, otro para documento electrónico y copias, plazos, notificaciones electrónicas, simplificación de los procedimientos administrativos, actos administrativos,….  Y la realidad es que estamos a años luz de que los ayuntamientos demos cumplimiento a la gestión electrónica completa de los expedientes, desde Registro hasta su archivo. A veces me cuestiono si es un problema intrínseco de España,  donde nunca pasa nada y me cuestiono si sería deseable establecer actuaciones más concretas (sanciones….), para de una vez por todas conseguir el despliegue integral de la AE y esa Transformación Digital.

Y de nuevo los plazos; Esta ley entra en vigor al año de su publicación y con respecto al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico y Archivo electrónico,… entrará en vigor a los dos años de su publicación.

Para terminar, me consta que conocemos bien la ley, que trabajamos día a día para que desde nuestros ayuntamientos y en colaboración con el resto de administraciones, conseguir hablar de procedimiento o de administración obviando que sea electrónico.  Y es evidente que los ciudadanos tienen un derecho y podrían exigirlo incluso ante el juez (por la vía de la inactividad de la administración) y darse la curiosa pero triste circunstancia de que una administración acabe implantando la administración electrónica por ejecución de Sentencia, según nos comentaba Víctor Almonacid en uno de sus últimos artículos.

Esperemos que no, y que podamos tener resultados en los plazos que nos marca esta nueva normativa, que parece que todos hemos acogido con respeto y ganas de por fin cambiar el término de transformación digital por Administración y tramitación inteligente.

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